Defensor del pueblo denunció presencia del cartel de Sinaloa en Caquetá
El defensor nacional del Pueblo ha hecho una grave denuncia de presencia de actores del narcotráfico mexicanos. El cartel de Sinaloa está haciendo presencia en el departamento del Caquetá.
Yo creo que esto genera una alerta urgente a la Fiscalía y a la fuerza pública", comentó el representante del Partido Liberal Harry González.
Tras la audiencia se definió que las denuncias serán puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes con el objetivo de que tomen las acciones necesarias para neutralizar la acción de este grupo criminal.
El año pasado, el exfiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que el grupo de disidentes de las Farc que lideraba Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", quien fue abatido por las autoridades, era el "brazo armado" del cartel de Sinaloa.
La mayor presencia de los narcotraficantes mexicanos en el sur colombiano tiene lugar en el municipio de Tumaco, que hace parte del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Lo anterior se basa en el hecho de que Tumaco es, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la localidad con más hectáreas dedicadas a cultivos de coca en Colombia, considerado el primer productor mundial de cocaína.
En septiembre pasado, a la Corte Constitucional llegó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículo 33 y 140 de la ley 1801 de 2016 del Código de Policía Nacional, que establece la prohibición de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en espacio público, una normativa con la que el presidente Iván Duque pretendía acabar el consumo de droga en el territorio nacional y que en su momento fue criticado.
De acuerdo con los demandantes, con esta normativa se vulneraba el derecho al libre desarrollo del ser humano, hipótesis que no fue descabellada para algunos magistrados del alto tribunal, quienes consideraron que se debían tumbar tales normativas. La magistrada ponente Diana Fajardo, consideró que no se puede mencionar que el consumo de dichas sustancias esté ligado con el comportamiento que tendrá una persona luego de consumirlas Así las cosas, un aguardiente, que en promedio tiene 29 grados de alcohol, pagaría un impuesto específico del $6.380, el ad valoren
que depende de cada marca, estaría entre los $5.000 y los $7.075, mientras que el IVA a pagar por cada uno estaría entre los $556 y los $971.
Esto quiere decir, que si hoy en día una botella de aguardiente vale $20.000, con la reforma pasará a $22.506, mientras que las que hocuestan $28.300 quedarán en cerca de $32.880
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EN CONCILIACIÓN SE DEFINIRÁN LOS CAMBIOS DE LA LEY DE LICORES
Tras las modificaciones que se le hicieron al proyecto de ley de licores en el último debate de la plenaria del Senado, será en conciliación donde se les de la aprobación final a dichos cambios.
Fue durante este último debate donde se introdujo un cambio al tratamiento de los vinos, en donde quedó definido un impuesto específico de $150 por cada grado de alcohol y uno ad valorem del 20%.
Esto quiere decir que un vino que en la actualidad cuesta alrededor de
$48.650 pasará a pagar un impuesto de $2.970 por concepto de los grados de alcohol, mientras que el ad valorem del 20% será de cerca de $12.162, este grupo de licores también será gravado con un IVA del 5%. Con esta nueva definición de los impuestos el costo de una botella será ahora de $61.877. Los vinos económicos que hoy son de $11.370, pasarán a $13.352.
El alcalde Peñalosa lanzó sus críticas a través de su cuenta de Twitter, diciendo que al menos mil homicidios cometidos en Bogotá cada año tienen motivaciones en consumo de alcohol y sustancias psicoactivas que llevan a riñas. Para Maurice Armitage, la determinación significa un retroceso en las campañas de la Alcaldía para recuperación y protección de parques públicos de Cali.
Char y Gutiérrez hicieron pronunciamientos similares, en los que se Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, emitió un comunicado sumándose a las críticas de los alcaldes declararon preocupados por la protección de los niños. y declarando que los artículos que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales y que permiten el consumo