El Gobierno y la Fiscalía pasaron al tablero ayer en el primer debate convocado por La Farc en el Congreso para dar un informe pormenorizado sobre cómo avanzan las investigaciones por los crímenes contra los desmovilizados y los líderes sociales.
El debate, realizado en la Comisión Primera del Senado, fue citado por el senador de las Farc Julián Gallo, conocido en sus años de combatiente como Carlos Antonio Lozada. Aunque este grupo, ahora convertido en movimiento político, había participado en otros debates, este es el primero citado exclusivamente por ellos.
En su presentación, Gallo aseguró que los hechos ocurridos en los últimos meses, que incluyen asesinatos de militantes del partido, amenazas y homicidios de familiares, así como el incumplimiento de los acuerdos, son para él una muestra de la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque para superar esa situación y garantizar el cumplimiento de lo pactado.
El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció por su parte que antes de un mes deberá estar en funcionamiento el plan de atención de seguridad a líderes sociales y desmovilizados y que con él empezarán a operar todos los estamentos que aún no han comenzado a hacerlo.
Semanalmente, aseguró, hay una reunión del gobierno, un cuerpo élite de la Policía que se creó para ese fin y la Fiscalía, para hacer seguimiento a la situación de seguridad de los integrantes de las Farc y de los líderes sociales.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, agregó por su parte que a la fecha se han desembolsado cerca de 200 mil millones de pesos de parte del gobierno para atender los diferentes compromisos adquiridos por el Gobierno en el acuerdo de paz, que incluyen la manutención de los desmovilizados y el apoyo a los proyectos productivos.
El Senado aprobó el pasado martes, en cuarto y último debate, el proyecto de ley 255 del 2018 para la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano imponiendo restricciones a las emisiones contaminantes de fuentes móviles.
El proyecto de ley contiene varias obligaciones para mejorar la calidad del aire en las ciudades, entre ellas el uso de vehículos eléctricos en el transporte público y mejorar la calidad del combustible y de las tecnologías de los vehículos, entre otras disposiciones.
Hay que señalar, que la mala calidad del aire producida por los altos niveles de material particulado producidas por vehículos e industria causan, cada año unas 17.500 muertes, de acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS). De acuerdo también a otro estudio elaborado por la Contraloría, en Medellín murieron 22.922 personas en el periodo 2011-2016 por Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA).
La senadora Angélica Lozano, coautora de este proyecto, afirma que después de dos años de trámite solo falta la conciliación con el texto de la Cámara de Representantes. “Sabemos que mejorar la calidad del aire es un reto enorme que necesita muchas fuerzas, pero por ahora estamos dando un grande paso con nuestro proyecto de ley para ejecutar medidas que nos involucren a todos y todas en la restauración del aire en Colombia”, indicó.
La senadora agregó que ahora más que nunca se necesita una ciudadanía más activa que exija a los gobernantes propuestas integrales para enfrentar la contaminación. “No esperemos pasar de la alerta naranja a la alerta roja para actuar. Miles de vida están en riesgo”, agregó en su cuenta de Twitter.
Cabe señalar, que este proyecto es específico para el combustible diesel y Lozano piensa radicar un proyecto de ley específico para la gasolina el 20 de julio.
Estas serán las medidas que incorporan la nueva ley:
1. A partir del 2023 todos los vehículos nuevos con motor ciclo diésel que se fabriquen, se ensamblen o se importen en el país con rango de operación nacional deben cumplir con los límites máximos permisibles en la normativa Euro VI, su equivalente o superior. Para el año 2035 todos los vehículos con motor diesel que circulen en el territorio nacional deberán cumplir con la tecnología Euro VI, su equivalente o superior.
2. Para el 2021 todas las motocicletas nuevas que se fabriquen, ensamblen o importen para circular por el territorio nacional deberán cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondiente a Euro III, su equivalente o superior. Para el año 2030 se establece que el Ministerio de Transporte en conjunto con el Ministerio de Ambiente deberá establecer un plan y cronograma de renovación del parque automotor de motocicletas para que en el año 2030 todas las motocicletas cumplan con el estándar Euro III su equivalente, o superior
3. Desde el año 2030 todos los sistemas integrados de transporte masivo del país deberán contar con un mínimo del 20 % de la flota total nueva “correspondiente a tecnología de cero emisiones”.
4. Conforme a las directrices establecidas en el Conpes 3943 de 2018 expedido por el Ministerio de Ambiente sobre calidad del aire, se le da la obligación al Gobierno y a Ecopetrol de mejorar la calidad del combustible diesel para lograr cumplir con la meta de 15 partes por millón (ppm) para el año 2023 y a 10 ppm para el año 2025.
5. Ordena además al Ministerio de Ambiente a reglamentar un mecanismo de verificación del cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire generado por las fuentes móviles mediante una prueba dinámica.
6. Se establece que el Ministerio de Ambiente deberá reglamentar el uso e inspección de los sistemas de autodiagnóstico abordo para todos los vehículos con motor ciclo diésel.
7. Se establece además una comisión intersectorial de calidad del aire de la que hacen parte de todos los ministerios en conjunto con los municipios y distritos para formular implementar y ejecutar planes, acciones y medidas para reducir los niveles de contaminación del aire.
8. Se obliga a que los ministerios y municipios realicen campañas de educación ambiental de pedagogía de calidad de aire.
El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Ricardo Ferro, confirmó la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos.
De acuerdo con el representante del Centro Democrático, la pesquisa parte de la columna publicada por la periodista Vicky Dávila en la Revista Semana a principios de mayo, titulada “Dejen hablar al Ñoño”, una entrevista con el ex congresista condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht en la que este afirma que dineros de esta multinacional brasileña entraron a la campaña de Santos para la reelección en 2014.
Ferro agregó que aún no es claro si la investigación llegará hasta un escrito de acusación que sea presentado al senado para una posible pérdida de fuero del exmandatario, o si será archivada.
Por el momento, el presidente de la Comisión decretó diligencias para escuchar al ex congresista Elías el próximo 17 de junio y solicitó a la periodista Vicky Dávila la entrevista desgravada de la que surgió su columna.
